La discusión de la nueva ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados se volvió más difícil por el antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se había acogido al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos. Esa situación se convirtió en el principal obstáculo para destrabar los acuerdos, aunque desde el oficialismo mantienen la intención de conseguir dictamen este miércoles a las 11 en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. La apertura del recinto está prevista para el 19 de agosto, aunque también empezó a tomar fuerza la posibilidad de tratar el proyecto junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central recién el 26 de agosto.
En una reunión informativa realizada la semana pasada, funcionarios del Ministerio de Economía expusieron los alcances del proyecto, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca incentivar que ahorros informales o no declarados ingresen al circuito económico formal. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, explicó que la iniciativa no implica un nuevo blanqueo sino una declaración jurada simplificada, y aclaró que los funcionarios públicos continuarán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. También remarcó que la ley no elimina los controles fiscales ni las normas antilavado y antievasión vigentes.
Durante la misma exposición, el director del Banco Central, Martín Vauthier, estimó que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos 170 mil millones de dólares en billetes, una cifra que consideró un piso, frente a los poco más de 40 mil millones de dólares en depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema. Según explicó, el objetivo de la ley apunta a que ese excedente de ahorro informal pueda formalizarse sin sanciones. El debate se da en un contexto en el que la oposición cuestiona la iniciativa por considerar que favorece a funcionarios públicos, entre ellos Adorni y su esposa, quienes solicitaron su adhesión al régimen simplificado poco antes de que él dejara el cargo, en medio de una causa judicial que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
