En 2021 el Concejo Deliberante de Río Primero había sancionado una ordenanza que regulaba el transporte de cargas en la localidad y arrogaba a autoridades locales el poder de policía y de aduana que no le corresponden jurisdicccionalmente, por esta razón no había sido puesta en prácticas por las autoridades municipales de ese momento; la nueva gestión municipal acaba de reglamentarla para su funcionamiento.
La normativa establece un empadronamiento obligatorio tanto para el transporte local como para el que provenga de otras latitudes y circunstancialmente tenga que desarrollar una actividad a la localidad, y el trámite será ejercido por el Centro de Transportistas local, una entidad privada ajena al municipio.
Además, la ordenanza exige también que las empresas sean las encargadas de controlar el empadronamiento antes de que cada camión ingrese a la planta; el registro en cuestión es obligatorio, tarifado y excluyente para que los camioneros puedan trabajar, o no, en la localidad de Río Primero.
Lo llamativo también es que el Decreto municipal es presentado en sus considerandos como un «Régimen de Promoción y Bonificaciones» y en los Anexos le transfiere al Centro de Transportistas de Río Primero el poder de control y de sanción diciendo, «se establece que los transportistas foráneos que inclumplan con la obligación de registrarse en el Padrón podrán ser pasibles de las sanciones establecidas por el Centro de Transportistas de Río Primero».
De esta manera, y con la aparente explicación de la defensa del trabajo local la Municipalidad pone en marcha una ordenanza que pretende condicionar la libertad de trabajo, restringiendola a una serie de requisitos, arancelando su funcionamiento y entregando el control y la aplicación de la norma a entidades privadas diretamente intereadas en el tema.
