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Mar 11 febrero 2025
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Proyecto para que la Caminera no haga multas con los policías escondidos

El Legislador radical Dante Rossi presentó un proyecto modificando el código de tránsito de la provincia, para declarar las multas de carácter preventivo y prohibir su finalidad recaudatoria, para impulsar la colocación de radares como única manera de controlar el exceso de velocidad, y evitar la figura del agente de policía caminera escondido atrás de un árbol para confeccionar más actas.

El proyecto expresa:
“Deberá propenderse a que éste sistema de control de velocidad de los vehículos en autopistas, semi autopistas y vías multi carriles, sea el único utilizado a tal fin (referido a los radares)
En virtud de su carácter preventivo, se deberán colocar carteles suficientemente visibles y en número considerable anunciando que se verifica el exceso de velocidad con esta sistema, bajo pena de nulidad de la sanción”.

Artículo 2°: INCORPORASE como Las sanciones no persiguen fines recaudatorios sino preventivos. Buscan generar condiciones seguras de circulación y proteger a las personas de posibles accidentes.
El personal encargado de controlar el cumplimiento de las normas, como la policía caminera, deberá hacerlo de manera visible, anticipando mediante carteles a distancia suficiente su presencia, bajo pena de nulidad de la sanción.
Rossi expresó que parece mentira que con los adelantos tecnológicos existentes las multas en nuestras autopistas se siguen labrando a través de un integrante de la Policía Caminera que se esconde atrás de un árbol.

No hay radares homologados. Sólo una promesa del Ministerio de Seguridad de avanzar en su colocación.

Necesitamos con urgencia la colocación de esos artefactos a los efectos de reducir la velocidad en las rutas, para proteger la vida de los cordobeses, y que lo sea con un sentido educativo y que haga a la seguridad vial, principal función que posee la Policía Caminera, que –sin embargo- se encuentra asociada a una finalidad meramente recaudatoria, encargada por el poder político.

Más de 300 personas murieron por accidentes de tránsito en 2024.
Propugnamos a través del presente proyecto de ley el reemplazo de los controles de velocidad por parte de Policía Caminera, y la colocación de radares visibles, a los efectos de que de manera progresiva éste sea el único instrumento válido para la aplicación de la multa.

Además, deberá existir señalización suficiente, a los efectos de que el cumplimiento de la ley se produzca de manera efectiva, evitando que el objetivo de la sanción no tenga fines recaudatorios, sino que evite accidentes.

La misma prevención para el resto de los controles en rutas por infracciones tipificadas.

Buscamos evitar el paisaje tan común de personal de Policía Caminera escondido en algún lugar de la ruta, con el objetivo solo de recaudar, y ninguna función que haga a la seguridad vial.
Que no debe perderse de vista cuál es el beneficio que trae controlar las velocidades en las rutas y autopistas a través de los radares. Y es a través de la modificación que se propone que se logra optimizar su uso, y no solo circunscribirlo a un fin meramente recaudatorio, como advertimos que es hoy en día.

La utilización de radares posee un poder disuasivo, ya que su presencia, debidamente advertida y señalizada, persuade a los automovilistas de controlar su marcha y evitar exceder los límites de velocidad.

Asimismo, el fin superior es tener una mayor seguridad vial, por lo que necesariamente deben contribuir a reducir la siniestralidad vial, que no es lo que está ocurriendo, puesto que es palmario y evidente que la siniestralidad sube, no obstante que existe una fuerza policial que debería centrarse exclusivamente en ello, y está siendo utilizada para recaudar dinero de los contribuyentes, sin ningún sentido de seguridad vial.

En resumen, los radares medidores de velocidad son una herramienta fundamental para garantizar la seguridad vial y mejorar la convivencia en las rutas. Al conocer su funcionamiento y los beneficios que aportan, podemos comprender la importancia de respetar los límites de velocidad y contribuir a crear un entorno vial más seguro para todos, pero ello debe ser establecido en un marco normativo de respeto de los derechos de los administrados y en un uso adecuado por parte de las autoridades para no hacerles perder su fin.

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