El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba acordaron un mecanismo de cooperación para fortalecer la seguridad y garantizar el orden público en la capital durante acontecimientos especiales. El convenio, que deberá ser refrendado por el Concejo Deliberante, fue rubricado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, y por el municipio, que encabeza el intendente Daniel Passerini.
Contempla la planificación, organización, ejecución y supervisión de operativos extraordinarios que, por sus características y riesgos, requieran una actuación conjunta, con el objetivo de coordinar recursos humanos y materiales de ambas jurisdicciones para proteger a las personas, garantizar la seguridad vial y facilitar una circulación ordenada. Passerini explicó el contexto: «A un mes del evento más importante de la historia de la ciudad de Córdoba, que es la venida del Papa León XIV, decidimos avanzar en un convenio que nos permita tomar medidas especiales de manera temporal frente a sucesos extraordinarios».
Según lo establecido, la Policía de Córdoba asumirá la conducción de los operativos de seguridad y mantenimiento del orden público. El responsable policial designado organizará el despliegue, determinará las prioridades e impartirá instrucciones al personal municipal afectado al dispositivo, a través del responsable del municipio. Por su parte, la Municipalidad pondrá a disposición del Ministerio de Seguridad las áreas necesarias para reforzar la seguridad de la comunidad y podrá encomendarle otras tareas operativas indispensables, siempre que resulten compatibles con sus competencias. Quinteros fundamentó el rol policial: «Una de las misiones esenciales de la Policía de Córdoba, por su ley de creación, es el mantenimiento del orden público y de la paz social».
La conducción policial tendrá carácter funcional y temporal. El acuerdo se aplicará exclusivamente dentro de la ciudad de Córdoba y preservará la autonomía municipal y las atribuciones de cada nivel de gobierno.
También podrá aplicarse a otras situaciones que requieran medidas temporales para preservar la seguridad y el orden público, mediante una determinación conjunta de la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad. Las medidas deberán responder a los riesgos concretos de cada situación y respetar los derechos y garantías de las personas, y las restricciones a la circulación se limitarán al tiempo y al ámbito estrictamente necesarios, asegurando el acceso y el funcionamiento de los servicios de emergencia.
