Un pedido de informes dirigido al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, solicita documentación sobre el presupuesto del Festival, los sueldos de veintiséis cargos políticos, la pauta oficial y los antecedentes profesionales de Matías Alonso. La presentación se enmarca en el siguiente contexto: según el organismo que compara a los 2.280 municipios de Argentina, repartidos en 24 jurisdicciones, Cosquín ocupa el puesto 1.799 en transparencia. En la comparación específica de 427 municipios, figura en el lugar 361.
Gustavo Godoy alude a la cifra de 3.800 millones de pesos para el último Festival y solicita también información sobre la edición 2025. El autor del pedido pide que se detalle: cuánto se presupuestó, cuánto se gastó efectivamente, quiénes cobraron y qué resultado económico dejó cada edición. Para ello reclama datos sobre ingresos por entradas, auspicios y aportes estatales, pagos a artistas, representantes, productoras, sonido, hotelería, seguridad y publicidad, además de deudas pendientes y dictámenes de los organismos de control.
Esto conforma el primer eje de su pedido.
El segundo eje del pedido son los veintiséis cargos políticos, vinculados a un monto de 1.850 millones de pesos. Godoy solicita nombres, funciones, remuneraciones, adicionales, contribuciones patronales y otras contrataciones, y pide que la Municipalidad de Cosquín precise a qué período corresponde esa cifra y qué conceptos incluye.
El pedido de informes también consulta si Matías Alonso acreditó el título de biólogo ante la Municipalidad. Solicita que se den a conocer los antecedentes presentados, las verificaciones realizadas y los expedientes en los que intervino, entre ellos, los informes dirigidos al Concejo Deliberante.
En materia de pauta oficial, el pedido de Gustavo Godoy plantea sospechas sobre pagos a presuntos “medios truchos”. Para esclarecerlas, solicita a la gestión de Raúl Cardinali que identifique proveedores, titulares, importes, contratos y constancias de difusión. La cuestión central es si los servicios fueron reales, estuvieron debidamente contratados y cuentan con respaldo documental.
Según la Ley Provincial 8803, el Ejecutivo municipal dispone de diez días hábiles desde la recepción formal del pedido para responder. Puede extender el plazo otros diez días de manera excepcional, siempre que lo justifique y lo comunique antes del vencimiento inicial. Si el plazo vence sin respuesta, queda habilitada la acción de amparo por mora de la Administración.
Godoy también menciona que la norma prevé responsabilidades ante la obstrucción arbitraria del acceso a la información, que el artículo 10 considera falta grave.
