La Diputada Nacional Gabriela Brouwer de Koning, el Intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer y el Dr. Pablo Yannibelli, Rector Normalizador de la Universidad Nacional de Río Tercero, se reunieron con la Ministra Sandra Pettovello para dialogar sobre el futuro de esa casa de altos estudios luego de que el Gobierno nacional publicó una resolución en la que anunció el proceso de revisión sobre cinco universidades nacionales creadas por ley en 2023, además de dejar sin efecto la designación de rectores normalizadores. y la posibilidad de comenzar con el dictado de las actividades académicas.
Los representantes de Río Tercero expusieron su preocupación y una pormenorizada y detallada presentación de todas las acciones destinadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Educación superior y que han sido llevadas adelante desde la sanción de la Ley de creación de la Universidad por el Congreso de la Nación.
Según se informó desde la oficina de prensa de la diputada, en la presentación se mencionó la confección y aprobación del estatuto; la presentación del proyecto institucional y el plan institucional, con la oferta académica de 22 carreras), 150 perfiles de docentes, 52 convenios marco de cooperación entre la UNRT e Instituciones de la sociedad civil, Gremios, Colegios Profesionales, Cámaras empresariales, Empresas locales y regionales, Universidades Nacionales, Organismos públicos y privados.
La Diputada Brouwer de Koning informó que fueron bien recibidos, «Nos agradecieron que hayamos ido a defender la universidad y el proceso que llevamos adelante. Con la información recabada se comprometieron evaluar si los pasos que dimos son acordes a la ley, por lo que esperamos se continúe a la brevedad el proceso de la UNRT “
Brouwer de Koning También dijo que: «Es facultad del Gobierno controlar el proceso administrativo; estamos de acuerdo con que todas las áreas del Estado nacional sean auditadas, funcionen correctamente y lleven adelante los objetivos para los cuales han sido creadas», así mismo afirmó que «tenemos la certeza de haber demostrado que lo actuado hasta el momento cumplió con todos los estándares de transparencia, idoneidad y responsabilidad requeridos por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior», por lo cual «creemos que es necesario revertir la resolución administrativa del ministerio» y además «proponemos reafirmar la relevancia que tiene para nuestra sociedad el sistema de educación superior, que debe aspirar a la construcción de propuestas académicas innovadoras, con docentes concursados, calidad en los programas de estudio, modernización y vinculación con el sector productivo. Para esto se necesita poder seguir trabajando y un presupuesto universitario que garantice dar cumplimiento a las metas propuestas».
