Diversos referentes del radicalismo cordobés marcaron distancia de Marcos Carasso, exintendente de General Cabrera y expresidente del Comité Provincia de la UCR. Carasso, quien acompañó a Luis Juez como candidato a vicegobernador en la fórmula provincial de 2023, quedó en el centro de la escena tras verse investigado y allanado en el marco de la denominada «causa PAMI», la cual investiga una presunta defraudación millonaria a la obra social de los jubilados a través de sobrefacturaciones y prestaciones médicas no realizadas.
En paralelo a los operativos en su domicilio particular, generó fuerte revuelo institucional constatar que los procedimientos también alcanzaron oficinas vinculadas a su función actual como vocal en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
El legislador provincial Matías Gvozdenovich relativizó el vínculo de la estructura de la UCR con el dirigente imputado: «Que Carasso trabaje en política no está mal, está mal cuando no podés dar respuesta o cuando tenés situaciones de irregularidad o de falta de transparencia», le afirmó a Canal 10.
En la misma línea, remarcó que el presente laboral de Carasso está ligado estrictamente al juecismo y no al partido de la estructura centenaria: «A Carasso le dio trabajo el Frente Cívico y trabaja para ellos, no sé qué hace y no tengo relación con él», sentenció.
Por su parte, el exdiputado nacional y aspirante a la gobernación, Rodrigo de Loredo, también buscó desligarse por completo de la situación que atraviesa quien fuera su compañero de espacio en las elecciones pasadas. Al ser consultado sobre el escándalo judicial que involucra al exjefe de la UCR local, De Loredo fue categórico al delegar las explicaciones en el líder del Frente Cívico. «A eso lo debe explicar Juez», señaló en La Voz.
