Dos años y medio después de asumir su mandato la actual gestión, los fondos para las casas de altos estudios fueron severamente ajustados. Según los cálculos de los rectores, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación fue del 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.
Como eso fue aplicado a lo largo del tiempo, la acumulación muestra que el deterioro del poder adquisitivo del salario implicó la pérdida de casi 11 salarios a lo largo de ese período.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”, señalaron los integrantes de al comunidad universitaria en el documento con el que concluyó ayer la movilización.
La progresiva pérdida salarial causó además la destrucción de las obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.
Por su parte, el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. “Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias”, advirtieron en ese mismo documento.
Por su parte, un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) marca que desde la asunción de Javier Milei hasta abril 2026, los salarios del personal docente y no docente universitario perdieron 34,2% de poder adquisitivo, pero esa cifra escala al 41,2% si se considera la inflación ajustada por la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18, que fue la que el Gobierno decidió postergar por ahora.
Ese mismo trabajo destaca que “la propuesta del Gobierno es irrisoria: aumento de apenas 12,3% (tres cuotas de 4,1% a pagar en mar-26, jun-26 y sep-26), ignorando deliberadamente todo el ajuste realizado desde noviembre 2023 e insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (23,6% hasta septiembre 2026)”.
Lo cierto es que un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva pasó de cobrar $888.794 en noviembre de 2023 a $584.413 en abril de 2026 (-34,2%) si la cuenta se hace en pesos de septiembre de 2026.
De acuerdo al trabajo del Cepa, si se hubiera aplicado la Ley 27.795, el salario subiría a $888.794, recuperando el terreno perdido en la era Milei. Y la brecha se acortaría significativamente respecto a 2015 (-25,1%).
Ahora bien, según el proyecto del Gobierno, el salario proyectado a septiembre 2026 es de apenas $547.748 (-53,9% respecto a 2015 y -38,4% respecto a 2023).
Esto es claramente el combustible que ayer impulsó a miles a las calles para reclamar por los recursos perdidos a lo largo de dos años y medio y especialmente para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento insistida por el Congreso con amplio respaldo.
Además, en abril 2026, sólo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superaron la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.
Considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.
