Los legisladores radicales Rossi y Peralta le piden al gobierno sensibilidad social

Los Legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta le pidieron al gobierno de la provincia sensibilidad a la hora de la elaboración del presupuesto, reclamando la inclusión de 15 puntos de profundo contenido social, con el objetivo de morigerar los efectos de la crisis económica sobre las familias cordobesas.

1. Establecer como tope máximo de actualización del impuesto inmobiliario en todas sus variables y para todos los casos, sin excepción, del índice anual que resulte menor entre el RIPTE (que determina el aumento salarial de los trabajadores estatales) y el índice de precios al consumidor que mide el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).
2. Congelamiento de impuestos y servicios provinciales por 4 meses. A tal efecto, se deberá conformar una comisión de trabajo entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Legislatura de la Provincia, el Ente Regulador de Servicios Públicos y las empresas de servicios públicos reguladas por la Ley 8835, a los efectos de establecer un pacto fiscal con el objetivo de no aumentar por el lapso de 4 meses impuestos y servicios.
3. Garantizar un aumento salarial a nuestros docentes mínimo de 10 puntos por encima de la inflación.
4. Asumir el compromiso de que cada peso que ingrese de la Nación, producto del acuerdo suscripto ante la Corte Suprema de Justicia, entre la Provincia y la Anses, el pasado 14 de mayo, para cubrir el déficit de nuestra Caja de Jubilaciones, se destine íntegramente a aumentar los haberes, hasta llegar de manera progresiva al 82 % móvil.
5. Eliminación del 4 % sobre cada prestación que cobra el APROSS a las instituciones de atención médica a personas con discapacidad.
6. Establecer un refuerzo del PAICOR, consistente en una merienda y un desayuno el sábado, destinado a chicos y chicas que concurren a clubes amateur, semiprofesionales de la provincia y de barrio en la ciudad de Córdoba.
7. Reapertura inmediata de los comedores del PAICOR en todos los establecimientos educativos públicos rurales que han dejado de prestar el servicio y la reincorporación del personal contratado.
8. Disponer la eximición de todo tipo de impuestos que se incluyen en la tarifa de energía eléctrica para los clubes amateur y semiprofesionales de la provincia, y un descuento sustancial en los servicios de la policía de la provincia que les brinden como adicionales en actividades deportivas.
9. Auxilio a la industria del calzado cordobesa, consistente en afrontar el pago del 30 % del salario de sus trabajadores por el lapso de seis meses, a quienes se comprometan a no efectuar despidos. Estamos hablando de un universo de 2.500 personas que cobran un salario aproximado de un millón de pesos.
10. Aplicación de una tarifa social de EPEC para pequeños comercios de barrio, por el lapso de un año.
11. Establecer un programa de beneficios para jóvenes de hasta 35 años que alquilen, con una línea de crédito del Banco de Córdoba a tasa cero para costear los gastos que implica el traslado o un nuevo contrato, la creación de un seguro de caución que reemplace la garantía y un descuento del 10 % en el impuesto inmobiliario para los locatarios que no aumenten la merced locativa durante 6 meses.
12. Derogar la Resolución 0044/24 de la Dirección de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), que creó el fondo solidario de atención para enfermedades emergentes e innovación tecnológica (FOSAET), con el objetivo de atender erogaciones relativas a enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras, requeridas por afiliados y beneficiarios a la obra social.
13. Disponer a través del Banco de la Provincia de Córdoba de un plan de financiamiento sobre los resúmenes de tarjetas de crédito emitidas por la institución, consistente en el pago de la totalidad de la misma en seis cuotas y a tasa cero, para sus titulares con ingresos menores a seis salarios mínimo, vital y móvil (SMVM), atento el crecimiento exponencial de la mora y el agobio que para los ciudadanos representa su imposibilidad de pago.
14. Creación del Programa “Joven, Córdoba te cuida”, con el fin de brindar protección, concientización y capacitación permanente para jóvenes y adolescentes, cuya dinámica se aplique a través de los medios de comunicación.
15. Creación de un fondo compensador tarifario que tenga por finalidad que los usuarios paguen el mismo precio por KW de consumo de energ´´ia eléctrica, resolviendo las asimetrías verificadas en las cooperativas eléctricas.
16. Eliminación de la totalidad de las Agencias, incorporándolas al organigrama que de los Ministerios a los que corresponda.
17. Obra sugerida: inicio de la construcción de la obra Ruta Provincial N° 34- Tramo Mina Clavero-Villa Dolores (Nueva Traza).

El presente Presupuesto Alternativo se fundamenta en la necesidad de reorientar las cuentas públicas hacia un modelo de Estado más justo, eficiente y sensible a la realidad social y económica que atraviesan las familias cordobesas. Frente al incremento del costo de vida, la caída del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios esenciales, resulta indispensable proponer un esquema presupuestario que proteja los ingresos ciudadanos, fortalezca áreas estratégicas y garantice un uso responsable de los recursos públicos.
Los datos de octubre del corriente año que brinda el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de Córdoba son alarmantes.
Sobre 2.500 encuestas, surgió que el 58 % de los hogares no cubrió de manera satisfactoria la canasta básica alimentaria. De los que sí lo hicieron, el 72 % lo hizo con asistencia estatal (AUH, tarjeta alimentar o programas provinciales).
El 51,4 % de los hogares, al menos uno de sus integrantes debió eliminar una comida al día; y el 30,5 % reportó hambre no satisfecho.
Uno de cada cinco hogares tuvo que pedir comida o plata para alimentarse.

Además, en el 10,8 % de las familias, algún miembro comió una sola vez al día o ayunó forzadamente.
El estado provincial no puede mirar para otro lado.
En primer lugar, se busca aliviar la carga fiscal sobre hogares y sectores productivos, estableciendo como tope de aumento del impuesto inmobiliario el índice anual menor entre RIPTE e IPC, y disponiendo el congelamiento temporario de impuestos y servicios provinciales. Esta medida, acompañada por una mesa de diálogo institucional entre el Estado, el ERSEP y las prestatarias, procura brindar previsibilidad y evitar que los aumentos tarifarios agraven la situación económica de familias, PYMES y comercios.
Simultáneamente, se propone reorientar el gasto público hacia áreas esenciales para el bienestar y el desarrollo humano.
Este conjunto de iniciativas no implica ampliar el gasto de manera irresponsable, sino ordenarlo y priorizarlo, garantizando sostenibilidad fiscal, protección social y desarrollo productivo. El presupuesto no debe ser únicamente una planilla de números, sino una herramienta estratégica de gobierno al servicio de los cordobeses.
Buscamos fortalecer el rol del Estado en la protección de los sectores educativos, previsionales, sanitarios, productivos y sociales. Resulta urgente recomponer los ingresos de quienes sostienen el sistema educativo y garantizar que los recursos destinados a la seguridad social se apliquen de manera transparente y exclusiva al mejoramiento de los haberes, asegurando progresividad y justicia contributiva. En materia de salud, es indispensable eliminar cargas que dificultan la atención de personas en situación de vulnerabilidad y revisar estructuras normativas que afectan la equidad y el acceso a prestaciones esenciales.
Asimismo, se busca asegurar que la asistencia alimentaria llegue efectivamente a niños, niñas y adolescentes, ampliando su alcance territorial y comunitario, especialmente en zonas rurales y espacios deportivos y barriales. También se propone acompañar a sectores productivos estratégicos amenazados por la caída de la actividad económica, preservando empleos y evitando la ruptura del entramado industrial local. Se contempla el alivio a la economía familiar y de pequeños comercios mediante herramientas tarifarias y financieras que garanticen continuidad y sostenibilidad.

Del mismo modo, se promueve facilitar el acceso a la vivienda en alquiler para las juventudes, reduciendo barreras económicas y burocráticas mediante instrumentos crediticios, fiscales y de garantía moderna. Se prevé también un mecanismo excepcional de financiamiento para hogares endeudados, que permita afrontar compromisos sin caer en mora ni exclusión financiera. Finalmente, se impulsa una reestructuración administrativa del Estado, orientada a reducir duplicaciones, mejorar la eficiencia y fortalecer los mecanismos de control y responsabilidad institucional.