Según trascendió este viernes, el legislador provincial Walter Gispert presentó una denuncia penal contra el intendente Esteban Avilés y los siete concejales del oficialismo por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Gispert apuntó contra el mandatario carlospacense y los ediles Raquel Merlino, Sebastián Guruceta, Marcela Bosch, Laura Soledad Gallardo, Claudio Bocchetti, Alejandra Roldán y Leonardo Villalobo por la sanción de la ordenanza que habilita aumentos bimestrales en tasas municipales y servicios públicos sin cumplir lo dispuesto por la carta Orgánica Municipal.
Lo que ocurrió es que, con los votos en soledad del bloque de CPU, y a instancias de Avilés, el Concejo de Representantes sancionó una ordenanza que delega sus facultades en materia de adecuación tarifaria y que permite que los incrementos entren en vigencia sin el mecanismo de doble lectura y audiencia pública que establece la Carta Orgánica.
Vale recordar, en este punto, que el artículo 134 de la COM define taxativamente que se requiere doble lectura (y audiencia pública en el medio) para las ordenanzas que dispongan crear nuevos tributos o aumentar los existentes, e incrementar las tarifas de los servicios públicos.
A partir de que se habilitó el ‘tarifazo automático’, Avilés dispuso en marzo un incremento de más del 40% en las tasas municipales y los servicios de taxis, remises, agua, cloacas, y transporte urbano.
El próximo aumento se aplicará en mayo. Y luego en julio, septiembre y noviembre.
Fuente: La Jornada Web
