La iniciativa de la Diputada Nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, fue sancionada con el voto de los legisladores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el interbloque Unidad para el Desarrollo Federal y el Movimiento Popular Neuquino.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales, prepagas y mutuales provinciales, la asistencia integral de los tratamientos para las victimas de violencia de género.
El proyecto de la diputada de Córdoba Federal, obliga a las obras sociales y mutuales provinciales brindar la cobertura total de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género.
También incluye a las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
La diputada Alejandra Vigo dijo que «nos estamos ocupando de los problemas reales de las mujeres» ya que «la violencia no distingue clases sociales, por lo cual es necesario el abordaje integral desde el sistema sanitario».
«Vengo realmente con la conciencia muy tranquila porque nos estamos ocupando de los problemas reales de las mujeres, de muchas mujeres», agregó
Señaló que «la incorporación del conjunto de prestaciones preventivas y asistenciales asociadas a la violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) cumple con garantizar un abordaje integral, pero sobre todo refuerza la fase preventiva y garantiza acceso universal a la asistencia de forma democrática y equitativa», agregó.
El proyecto determina que las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la presente ley, deberán «articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas»
Otro punto del proyecto es que se obligan a brindar esta cobertura como prestación obligatoria a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga (Ley 26.682), el Pami y el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.
Solo votó en contra el diputado neuquino del Pro Francisco Sánchez y se abstuvo la legisladora del Pro Graciela Ocaña.
