La presidenta del bloque de concejales de la UCR, Elisa Caffaratti, cuestionó la reciente subasta del Ente de Obras y Servicios Públicos (COyS) por la que se pretende contratar un servicio de consultoría por casi 300 millones de pesos, a una empresa de un ex ministro del gobierno provincial.
“Como si no faltaran obras en la ciudad, el municipio decide malgastar recursos para servicios de consultoría, definición de identidad y construcción de reporte de sustentabilidad. Nuevamente un único oferente para una subasta pública, en este caso direccionada para un ex alto funcionario vinculado al peronismo que gobierna hace 25 años”, enfatizó Caffaratti.
La subasta pública, realizada el 13 de diciembre, tuvo un único oferente, BPI Servicios SAS, cuyo titular y administradores son Ángel Mario Elettore, Ezequiel Osvaldo Elettore y Lucas Matías Elettore.
“Una vez más, nos encontramos con una contratación directa encubierta, con un solo oferente y un vínculo político evidente. Es una muestra más del manejo poco transparente y del desinterés por las verdaderas necesidades de los vecinos”, agregó la concejal.
El contrato, que abarca un período de 24 meses a partir de 2025, tiene la posibilidad de prorrogarse otros dos años, lo que elevaría la cifra a más de 550 millones de pesos.
“Mientras en la ciudad unas pocas gotas de lluvia alcanzan para abrir socavones peligrosos y anegar barrios enteros por la falta de desagües y obras de mantenimiento, el municipio prioriza el gasto en ‘identidad’ y ‘sustentabilidad’. ¿A quién le sirve esto? A los vecinos, claramente no”, señaló Caffaratti, quien anticipó que solicitará informes y explicaciones urgentes sobre esta contratación.
“Es inadmisible que en una situación económica difícil, con demandas sociales insatisfechas y prioridades evidentes, el municipio tire millones a la basura en consultorías abstractas. Los vecinos no necesitan certificados de calidad ni informes de sustentabilidad: necesitan que el gobierno gestione y resuelva. Vamos a exigir transparencia y responsabilidad. El dinero de los contribuyentes no puede seguir siendo malgastado en decisiones que nadie entiende ni necesita”, concluyó.
