El candidato a Intendente de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, anunció que le solicitará formalmente al gobierno provincial el traspaso de la policía provincial al ámbito de la ciudad de Córdoba.
“Vamos a solicitar el traspaso de los más de diez mil agentes policiales que operan en la capital, con sus recursos e infraestructura. La inseguridad es el principal flagelo de los vecinos, estamos cansados de decirlo. Con nuestros equipos estamos listos para hacernos cargo. La transferencia a nuestro ámbito nos permitirá trabajar mejor, brindar un mejor servicio, y lograr mejores resultados en el mediano plazo. Estoy seguro de ello”, enfatizó.
De Loredo aseguró que “La Ciudad de Buenos Aires lo hizo con resultados positivos”.
Sin embargo, la propuesta del candidato a Intendente choca con las constituciones nacionales y provinciales que claramente expresan que son las provincias las que regulan su propia vida cívica, por caso, el artículo 123 de la Constitución nacional expresa que «Cada provincia dicta su propia constitución… asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero», no se trata tan sólo de una ley sino de la Constitución nacional que le confiere poderes intransferibles a las provincias.
Y en ese sentido, en el ámbito provincial, el artículo 144 inciso 16 de la Constitución de la provincia de Córdoba dice, cuando se refiere a las «Atribuciones y Funciones del Gobernador» que «Es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, y tiene bajo su custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de seguridad y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la Provincia. Tiene el deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, al Presidente de la Legislatura cuando éstos la soliciten, debidamente autorizados por ella y a las Municipalidades y demás autoridades, conforme a la ley».
Por ello, más allá del tema de fondo, la inseguridad que se sufre en Córdoba y en todo el país, la propuesta es inviable porque es anticonstitucional, lo que no quita que el tema debe ser abordado y encontrar los mecanismos de solución que la sociedad clama.
