La Falda vivió una audiencia pública histórica para discutir la nueva ordenanza de patrimonio cultural y natural. El eje central del debate fue el artículo 15, que prohíbe demoler o modificar construcciones anteriores a 1980, una medida que impactaría en miles de propiedades de la localidad serrana.
Durante la sesión, vecinos y profesionales del sector inmobiliario y de la arquitectura plantearon objeciones técnicas sobre los alcances de la normativa. Se advirtió sobre posibles trabas burocráticas y su efecto sobre las inversiones locales, mientras que otros vecinos aprovecharon la instancia para reclamar por necesidades básicas insatisfechas, como la falta de redes de agua potable y cloacas en la zona.
El encuentro tuvo además un momento de alta tensión cuando uno de los asesores técnicos convocados para el proyecto abandonó intempestivamente la sesión tras un cruce con los presentes. Desde la organización del encuentro se salió a respaldar públicamente la idoneidad del profesional, remarcando que su colaboración había sido a título gratuito.
Sin embargo, un relevamiento de documentación pública mostró una situación distinta. Existen decretos municipales vigentes que destinan fondos a distintos consultores contratados para las tareas de relevamiento patrimonial, lo que contradice la versión de que el trabajo se realizaba sin cobrar honorarios. Entre esos actos administrativos figuran adjudicaciones por sumas millonarias y pagos mensuales por la coordinación del proyecto, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos municipales.
