Una denuncia judicial por violencia de género y acoso en Anisacate abre interrogantes sobre cómo actuó el municipio.
La mujer trabajaba en una estructura de seguridad vinculada a la Municipalidad y denunció a quien estaba a cargo de esa área. La Justicia dictó medidas de protección y dispuso notificar al municipio para garantizar su cumplimiento sin perjudicar las tareas de la denunciante.
Sin embargo, ella dejó de trabajar, mientras que el hombre, que habría sido apartado en un primer momento, volvió a sus funciones. La presentación judicial también menciona que la intendenta tuvo conocimiento de la situación antes de que llegara a los tribunales.
La estructura de seguridad de Anisacate está vinculada a contrataciones municipales bajo la denominación Seguridad y Socorrismo AG, la cual tiene facturaciones millonarias, con pagos actuales cercanos a los seis millones de pesos mensuales, y persisten dudas sobre las habilitaciones provinciales de sus prestadores.
La gestión encabezada por Natalia Contini sostiene públicamente que aplica transparencia y mayores controles de antecedentes para empleados y contratistas. Pero cabe preguntar qué controles se hicieron sobre quienes prestan el servicio, qué medidas tomó el municipio tras la denuncia y por qué la mujer dejó de trabajar mientras el denunciado continuó.
