El legislador departamental de Punilla busca que la Justicia ordene al organismo informar quiénes trabajan en la institución, bajo qué modalidad de contratación y cuáles son las remuneraciones que perciben. «La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran los recursos públicos».
El legislador provincial por el departamento Punilla, Walter Gispert, presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia para exigir que la Defensoría del Pueblo de Córdoba entregue información detallada sobre la totalidad de su personal y las contrataciones del organismo.
El planteo judicial se realizó ante la falta de una respuesta completa a los pedidos de información presentados oportunamente. Si bien la Defensoría remitió documentación institucional y referencias al Portal de Transparencia, no proporcionó los datos específicos solicitados sobre su estructura de personal.
El requerimiento comprende la nómina de empleados de planta permanente, transitorios y contratados; las funciones que desempeña cada trabajador; sus áreas de dependencia; las fechas de ingreso; las modalidades de contratación y los salarios, honorarios o contraprestaciones que perciben. También se solicita conocer la cantidad total de trabajadores según cada modalidad de vinculación.
A través de esta presentación, Gispert solicita que la Justicia ordene al organismo responder de manera precisa y completa cada uno de los puntos requeridos. Asimismo, plantea que cualquier eventual restricción al acceso a la información deberá estar debidamente fundamentada en una norma legal.
Un reclamo por la transparencia y el control de los recursos públicos
La iniciativa se enmarca en los cuestionamientos que el legislador y el Frente Cívico vienen realizando sobre la falta de transparencia en distintos organismos del Estado provincial.
En ese sentido, Gispert vinculó este reclamo con los antecedentes de pedidos de información sobre el personal de la Legislatura y con las modificaciones introducidas a la ley del Tribunal de Cuentas, que, según sostiene, debilitaron los mecanismos de control sobre el gasto público.
«El acceso a la información pública no puede depender de la voluntad de los funcionarios de turno. Saber quiénes trabajan en los organismos del Estado, qué funciones cumplen y cuánto cobran es una obligación de transparencia», es el planteo que sostiene el legislador.
Finalmente, Gispert remarcó la importancia de garantizar mecanismos efectivos de control ciudadano sobre la administración de los recursos públicos.
La presentación judicial busca que se garantice un derecho fundamental: que los cordobeses puedan conocer cómo se utiliza el dinero que aportan con sus impuestos.
La causa se encuentra a la espera de una resolución judicial y todavía no existe un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.
