La diputada nacional Natalia de la Sota presentó un pedido de informes para que el gobierno que encabeza Javier Milei brinde detalles sobre la administración de los recursos destinados a políticas para personas con discapacidad, en particular los fondos del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS).
La iniciativa fue impulsada por Defendamos Córdoba y acompañada por legisladores de distintos bloques, con el objetivo de obtener información precisa sobre la recaudación, ejecución presupuestaria y destino de los recursos destinados a el colectivo de la discapacidad.
Específicamente, el proyecto solicita al Gobierno nacional que informe el monto total de los aportes y contribuciones recaudados para el FONADIS durante 2024 y 2025, así como el detalle de su ejecución presupuestaria, discriminando los programas financiados y las provincias o entidades beneficiarias.
Asimismo, se requiere información sobre la ejecución de financiamiento internacional, entre ellos el préstamo de 265 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina, y el nivel real de desembolso y utilización de esos fondos.
Otro de los puntos centrales del pedido de informes se refiere a contrataciones realizadas por la ex Agencia Nacional de Discapacidad, hoy Secretaría Nacional de Discapacidad. En ese sentido, se solicita que el Ejecutivo detalle las consultorías y capacitaciones contratadas externamente, los criterios de selección, montos abonados y fundamentos de dichas decisiones, teniendo en cuenta que el propio organismo cuenta con áreas técnicas especializadas para esas tareas.
El proyecto, que también lleva la firma de los diputados Caren Tepp, Nicolás Massot, Jorge «Gato» Fernández, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Eduardo Valdés, María Inés Zigarán, Sabrina Selva y Esteban Paulón, pide explicaciones sobre las contrataciones realizadas para auditar Pensiones No Contributivas, una función que históricamente fue realizada por equipos técnicos del propio organismo.
Desde el bloque Defendamos Córdoba, en la fundamentación del pedido de informe, señalaron que éste apunta a garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y conocer el estado real de las políticas destinadas a las personas con discapacidad, en un contexto de fuerte preocupación por la situación que atraviesa el sistema de prestaciones y las instituciones que brindan servicios.
