El proceso de renovación de autoridades en la Unión Cívica Radical (UCR) de Río Segundo derivó en una grave crisis política e institucional. Tras confirmarse que la nómina encabezada por Ehitel Salgado para disputar el Comité de Circuito no fue remitida ni cargada digitalmente ante la Junta Electoral Provincial, los dirigentes de ese espacio salieron al cruce y calificaron el hecho de forma categórica como un “fraude electoral” destinado a clausurar la vía democrática en la ciudad.
Lejos de una proclamación consensuada, desde el sector denunciaron que se montó una maniobra para bajar deliberadamente su lista y dejar como única opción a la nómina de Romina Rapetti, respaldada por el deloredismo y el oficialismo partidario. En el centro de las acusaciones situaron directamente al exintendente Javier Monte y al dirigente y apoderado mestrista Lucas Cavallo.
La acusación: De la “falsa unidad” al fraude
Desde las filas de Salgado sostienen que la documentación y los avales fueron entregados en tiempo y forma con sello de recepción física, pero fueron omitidos en el sistema provincial:
Las cuatro vías de acción que evalúa el espacio de Salgado
Frente a la gravedad institucional del hecho, el equipo técnico y legal de Salgado definió una estrategia escalonada en cuatro frentes:
- 1. Vía Administrativa Partidaria (Junta Electoral de la UCR): Presentación inmediata de un Recurso de Reconsideración e Impugnación ante el Comité Central solicitando la oficialización de la lista, aportando como prueba documental las actas físicas selladas y firmadas previas al vencimiento de plazos, junto con los registros de la omisión de carga.
- 2. Vía Judicial Electoral (Justicia Federal): En caso de rechazo o silencio de la Junta interna, el sector recurrirá en apelación o vía acción de amparo electoral ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Córdoba, trámite que revisa la Cámara Federal de Apelaciones.
- 3. Vía Penal (Denuncia por Delito Electoral): Se evalúa radicar una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la presunta retención indebida o supresión de documentación electoral, tipificada como delito contra la fe pública y la libertad de sufragio.
- 4. Acción Política y Mediática: Convocatoria a medios y conferencia pública exhibiendo los avales y actas selladas para exponer ante la sociedad cordobesa la falta de garantías en el armado interno.
Fuente: Ruta 9 Noticias
