Un nuevo e intenso cruce legislativo encendió las alarmas en el plano institucional y económico de la ciudad de Pilar. En las últimas horas, los bloques de la oposición denunciaron públicamente que la Municipalidad local incluyó un polémico ítem de cobro dentro de los cedulones de la tasa a la propiedad para financiar el programa “Ojos en Alerta”, una iniciativa de seguridad ciudadana que, por ley, es de carácter gratuito y está impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El encargado de destapar la situación durante la sesión del Concejo Deliberante fue el concejal opositor Dr. Gastón Colazo, quien exhibió copias de las boletas municipales que llegan a los hogares pilarenses. El edil demostró cómo este concepto extra contribuye a engrosar de forma significativa los montos que pagan los contribuyentes a nivel local, con variaciones y rubros específicos denominados “Programa Seguridad Ojos en Alerta” que van desde los 350 pesos, pasando por 1.100 pesos, hasta alcanzar sumas alarmantes de 9.470 pesos en determinados cedulones vigentes.
La controversia escala debido a que, según los relevamientos de la minoría legislativa, este programa no se cobra en ningún otro municipio de la provincia que lo haya implementado, tales como Río Segundo, Laguna Larga, San Francisco o Despeñaderos, donde la vía de contacto y alertas por WhatsApp es de libre acceso comunitario. “En tiempos donde se necesita achicar la carga tributaria a los vecinos, en Pilar se está cobrando un rubro que en principio no se cobra en ningún otro lugar”, fustigó Colazo al marcar la modificación de la tasa a la propiedad.
Ante lo que consideran una anomalía fiscal, desde el bloque de la oposición presentaron un proyecto para exigir respuestas concretas sobre el destino de los fondos y la operatividad del plan. La iniciativa buscaba conocer la ubicación real de la central de monitoreo, la cantidad de operadores contratados, las horas de funcionamiento, las capacitaciones del personal y qué resultados estadísticos arrojó el sistema en materia de prevención civil coordinada con la patrulla urbana y la policía.
Sin embargo, el pedido de transparencia chocó de frente contra la mayoría automática del oficialismo. Al momento de la votación, las bancadas alineadas con el Ejecutivo municipal rechazaron el pedido de informes por cuatro votos contra tres, impidiendo que los concejales de la oposición puedan visitar el centro de control y constatar el funcionamiento de las cámaras. “Para cobrar son rápidos, pero para rendir cuentas eligen el silencio”, sentenciaron con indignación desde los sectores denunciantes, mientras el vecindario de Pilar sigue afrontando aumentos en sus cedulones sin explicaciones claras.
