El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación «con un objetivo claro y firme: defender los intereses de Córdoba, de su gente y, en especial, de nuestros jubilados».
En lo que a todos luces constituye un hecho histórico para la provincia de Córdoba, el gobernador informó que «en el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal del país, logramos un avance significativo: el Gobierno Nacional reconoció formalmente la deuda y los incumplimientos con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y presentó una propuesta concreta de pago que contempla transferencias mensuales de fondos a Córdoba por $60 mil millones a cuenta del año 2025, que serán pagados con aportes mensuales de $5 mil millones durante 12 meses».
En el transcurso de ese periodo se tienen que conciliar las auditorías desde el año 2019 al 2024, tiempo en el cual se establecerá la deuda que Anses tiene con la provincia de Córdoba.
La Corte fijó una audiencia para dentro de seis meses para evaluar la marcha del acuerdo.
«Con un espíritu de colaboración y diálogo institucional, decidimos avanzar en esta instancia. En conjunto con Nación, acordamos continuar con un trabajo técnico que nos permita a través de auditorías cruzadas determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja» informó Martín Llaryora.
«He instruido al ministro de Economía y Gestión Pública de nuestra provincia para que los recursos que lleguen regularmente – originalmente destinados a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales -, al menos en parte, se orienten prioritariamente a mejorar los ingresos de nuestros jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido» completó el mandatario cordobés.
