La concejal Pia Felpeto, integrante de la Sala Acusadora de Juicio Político, manifestó públicamente su disconformidad con la decisión de no admitir las denuncias contra el Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, vinculadas a un video ampliamente difundido en el que se lo observa conduciendo presuntamente en estado de ebriedad.
“Esta decisión es una señal peligrosa. El juicio político es una herramienta institucional para esclarecer hechos que comprometen la ética pública, no un escudo para proteger a funcionarios cuestionados”, expresó Felpeto, quien dejó asentada su disidencia formal en actas.
En su presentación, la concejal argumentó que la negativa de admitir de las denuncias para asi abrir el proceso de juicio politico representa una omisión institucional grave, ya que se desatiende tanto la verosimilitud del material presentado como el reclamo ciudadano de transparencia. También citó artículos de la Carta Orgánica Municipal, el Código de Ética Pública (Ord. 5922) y el Código de Convivencia Ciudadana (Ord. 7071), que obligan a los funcionarios a mantener conductas ejemplares y sancionan expresamente casos como el denunciado.
“Los vecinos merecen respuestas, no silencios. Esta negativa impide que la verdad se investigue y deja un mensaje preocupante: que algunos funcionarios están por encima de la ley”, afirmó Felpeto.
“Esta Sala no está para proteger a funcionarios ni para garantizar impunidad. Está para velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y sostener el valor de la ética pública. La negativa a tratar las denuncias presentadas es un acto de encubrimiento político y una muestra alarmante de cómo el oficialismo se atrinchera para sostener privilegios a costa de la credibilidad institucional.” concluyo Felpeto.
