Los últimos datos oficiales del INDEC y la Secretaría de Trabajo de la Nación confirman el avance de la informalidad laboral en el país: entre el primer trimestre de 2024 y de 2026, 603.600 personas pasaron a engrosar el circuito del empleo no registrado. El fenómeno combina a trabajadores expulsados del empleo formal con quienes debieron sumar changas para llegar a fin de mes, en un escenario donde el trabajo en negro ya alcanza al 44% de la masa laboral del país, contra el 40,8% de dos años atrás.
La expansión de la informalidad aparece directamente asociada a la caída del empleo registrado. Según la Secretaría de Trabajo, hasta marzo se habían destruido 539.000 puestos formales, una cifra que explica el 90% de los nuevos trabajos en negro relevados. De ese total, 292.015 correspondían a asalariados en relación de dependencia, con una fuerte incidencia del sector privado (74%) por sobre el público (26%). El resto de los puestos perdidos pertenecía a monotributistas y trabajadoras de casas particulares que dejaron de pagar sus aportes.
El deterioro del mercado laboral también se refleja en la desocupación, que en el primer trimestre de 2026 trepó al 7,8%, muy por encima del 7,4% de 2025 y del 6,1% de 2023. La comparación entre los primeros 27 meses de gestión de Javier Milei y el cierre del gobierno anterior arroja 216.100 nuevos desocupados, con un total de 1.145.000 personas sin trabajo en la actualidad.
A este panorama se suma el crecimiento de la subocupación: quienes buscan trabajar más horas pero no consiguen la posibilidad pasaron a representar el 11,2% de la población activa, frente al 10,2% de 2023, con una suba de 186.700 personas en esa condición.
El informe también señala los límites de la medición oficial. El INDEC considera ocupada a una persona que trabaja al menos una hora semanal, incluso sin remuneración monetaria, lo que relativiza el alcance real de las estadísticas de desempleo. A esto se agrega un cambio metodológico del Poder Ejecutivo en la medición de salarios informales, que ahora incorpora ayudas sociales antes no computadas, dificultando la comparación histórica de los datos.
