El regreso de Darío Chesta a la intendencia de Río Segundo, tras su licencia para ocupar un cargo provincial, destapó lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros de la gestión municipal reciente.
Según trascendió, apenas reasumió sus funciones, el intendente se encontró con inconsistencias groseras en los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa utilizada por quien lo reemplazó interinamente, Ricardo Luis Granja. Ante la gravedad de los hechos, Chesta presentó una denuncia penal el pasado sábado.
El conflicto estalló públicamente hoy en el Concejo Deliberante. Durante una acalorada sesión, el concejal oficialista Romero arrinconó a Granja exponiendo gastos injustificables: «Consumió en su tarjeta de crédito $4.248.000 en tres meses», le espetó en la cara. La documentación respaldatoria eleva aún más la cifra: entre el 30 de abril y el 28 de julio de 2026, la Visa Commercial Cordobesa terminada en 8057 a nombre de Granja registró consumos por más de $4,7 millones de pesos y 220 dólares.
El detalle de los gastos parece más el extracto de un fin de semana de ocio pagado por los contribuyentes que el de una administración municipal. En los resúmenes saltan a la vista compras de indumentaria en Lojas Renner por $30.980, consumos en Starbucks por $33.700 y visitas recurrentes a McDonald’s con tickets de hasta $36.600. Este último punto fue crudamente subrayado por Romero al cuestionar el uso del plástico oficial «un día sábado en el shopping».
Pero el festival de gastos esconde movimientos mucho más oscuros. El 10 de julio, se registró una salida de $160.485 hacia una cuenta de Mercado Pago denominada «GRANJARICARDOANTO», sugiriendo una transferencia de fondos públicos directamente a un familiar o a una cuenta vinculada al propio interino. A esto se suma el consumo individual más alto de todo el período: $239.999 destinados el 3 de julio a la cuenta «WINNERSPRODDE», una nomenclatura que enciende las alarmas por su directa asociación con plataformas de apuestas deportivas online. El patrón se completa con abultadas compras en el Supermercado Becerra por montos que alcanzan los $213.558 en una sola visita, sin ninguna justificación institucional aparente.
Mientras la Justicia avanza con la investigación, el silencio o las risas nerviosas en el recinto legislativo ya no alcanzan para encubrir los números. Los vecinos de Río Segundo esperan respuestas sobre por qué las arcas de la ciudad terminaron financiando presuntas apuestas, combos de hamburguesas y transferencias de dudosa legalidad.
Posibles Implicancias Legales (Código Penal Argentino)
De comprobarse los hechos denunciados, a Ricardo Granja podrían caberle las siguientes figuras penales como funcionario público:
Peculado (Art. 261): Sanciona al funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada. Es el delito más grave en este contexto y prevé penas de reclusión o prisión de 2 a 10 años, además de inhabilitación absoluta perpetua.
Malversación de Caudales Públicos (Art. 260): Aplica si el funcionario le da a los fondos que administra una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados.
Defraudación contra la Administración Pública (Art. 174 inc. 5): Castiga el fraude en perjuicio de cualquier administración pública, con penas de 2 a 6 años de prisión.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248): Sanciona con prisión de 1 mes a 2 años al funcionario que dicte resoluciones contrarias a las leyes o no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, como el deber de rendición de cuentas del erario público.
