Ante el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, el legislador provincial Gerardo Grosso presentó una serie de iniciativas para fortalecer la prevención, la fiscalización y la regulación impositiva sobre estos productos en toda la provincia. El proyecto pone sobre la mesa una realidad que las autoridades sanitarias vienen advirtiendo hace tiempo.
El eje central del diagnóstico de Grosso es la «falsa percepción de seguridad» que rodea al vapeo. A pesar de que la Ley 9113 prohíbe expresamente el uso de dispositivos que expidan humo, gases o vapores en espacios cerrados como bares, oficinas, centros comerciales; la norma se incumple con llamativa naturalidad. «No es vapor, es tabaco y también enferma. Debemos desterrar el mito de que el vapeador es inofensivo», señaló el legislador, quien recordó además que la comunidad médica ha identificado lesiones pulmonares graves asociadas a estos productos, agrupadas bajo el cuadro clínico conocido como EVALI.
En materia de prevención, la propuesta apunta a actualizar la cartelería de espacios libres de humo para incluir imágenes de vapeadores (ausentes en la señalética actual) y a exigir el cumplimiento efectivo de los programas de información en escuelas, con foco en adolescentes, grupo para el cual la venta ya está prohibida pero el acceso sigue siendo alarmantemente sencillo.
El segundo eje es la equiparación impositiva: Grosso propone que los cigarrillos electrónicos, líquidos para vapeo, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina tributen el 7,5% en Ingresos Brutos, igualando la carga fiscal que ya soportan los cigarrillos tradicionales. La medida busca cerrar una brecha que, en los hechos, funciona como un incentivo económico implícito al consumo de estos productos frente al tabaco convencional.
