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Sáb 7 diciembre 2024
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El escándalo de las criptomedas en Alta Gracia salpica a la gestión municipal de Marcos Torres

La estafa con las criptomonedas en Alta Gracia ya ha tomado trascendencia nacional, la envergadura de la operación donde se prometía a los inversores rendimientos diarios en dólares que variaban entre el 1 % y el 3 %, una oferta que atrajo a numerosos vecinos de Alta Gracia y localidades cercanas ya transita los principales portales informativos de Argentina y el tema adquirió gravedad a nivel institucional cuando se supo que Daniel Villar, asesor letrado de la Municipalidad, es el representante legal de Claudio Murúa, representante de la fundación Dream Team, señalada como la responsable de la estafa.

Por esta razón el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, tuvo que salir a explicar la posición del municipio en esta situación y confirmó que solicitó a Villar que se apartara de la causa o que renunciara a su cargo. «Desde el punto de vista legal no hay ningún tipo de incompatibilidad, pero desde un punto de vista ético y teniendo en cuenta a los vecinos involucrados, creo que lo correcto es que se aparte de la causa», afirmó Torres Lima.

Hasta el momento, el asesor letrado de la municipalidad no ha hecho una declaración pública definitiva sobre si se apartará de la causa o renunciará a su puesto. Según Torres Lima, Villar entendió la solicitud y se espera que tome una decisión pronto. «Es una decisión personal entendiendo qué es lo que corresponde, y que se llegue hasta las últimas consecuencias y se le pueda devolver el dinero a aquellas personas que creyeron en esto», mencionó el intendente.

Villar no es el único funcionario relacionado con el tema, uno de los denunciados, Cristian Murúa, secretario de la fundación señalada, también era el pro tesorero del Encuentro Anual de Colectividades; lo que también salpica a la gestión del Intendente Torres e hizo necesario que desde la Municipalidad de Alta Gracia se insista en señalar que no hay ninguna relación institucional del municipio con la entidad señalada como responsable de la estafa ni de los funcionarios.

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