Por José Cornacchione
Hay una discusión que la Argentina necesita profundizar: ¿cuándo la economía social dejará de ser considerada un sector complementario y comenzará a ocupar el lugar que le corresponde en las decisiones políticas, económicas e institucionales del país?
Durante décadas, las cooperativas y mutuales han demostrado que existe otra manera de organizar la economía, producir bienes, prestar servicios, generar empleo y construir desarrollo. Una manera donde la rentabilidad económica puede convivir con la solidaridad, la participación democrática y el compromiso con las comunidades.
Sin embargo, todavía existe una distancia importante entre el protagonismo real que tiene la economía social en la vida de millones de argentinos y el espacio que ocupa en la planificación de las políticas públicas.
La economía social no es solamente una expresión de solidaridad. Es economía real. Es producción. Es trabajo. Es inversión. Es desarrollo territorial.
Las cooperativas y mutuales participan en actividades agropecuarias, industriales, financieras, educativas, sanitarias, energéticas, de vivienda, consumo, turismo y prestación de servicios esenciales.
Su actividad contribuye al Producto Bruto Interno argentino, sostiene cadenas productivas y genera empleo directo e indirecto. Su incidencia económica no puede analizarse únicamente desde la cantidad de entidades existentes, sino también desde el valor que producen, los servicios que garantizan y las oportunidades que generan en cada comunidad.
En muchas localidades del interior del país, una cooperativa no es simplemente una organización más. Es quien garantiza la energía eléctrica, el agua potable, las telecomunicaciones o servicios que resultan indispensables para la vida cotidiana.
En otras, una mutual permite acceder a prestaciones de salud, educación, financiamiento, turismo o servicios sociales que difícilmente podrían sostenerse bajo una lógica exclusivamente comercial.
Y aquí aparece una característica fundamental que muchas veces no se incorpora suficientemente al debate económico: el trabajo que genera la economía social tiene arraigo territorial.
Una cooperativa no puede trasladar fácilmente su comunidad a otro lugar. Sus asociados, trabajadores, inversiones y servicios están vinculados con el territorio donde nació y se desarrolló. Ese arraigo convierte al cooperativismo y al mutualismo en actores relevantes para sostener las economías regionales, fortalecer las economías locales de las grandes ciudades y contribuir a un desarrollo federal más equilibrado.
La economía social debe formar parte de las decisiones del Estado
La inclusión de la economía social en la agenda pública no debería depender exclusivamente de la voluntad circunstancial de un funcionario, de una reunión institucional o de un programa aislado. Debe traducirse en una política pública con continuidad, planificación, presupuesto, objetivos y mecanismos de evaluación.
Los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales tienen la posibilidad de incorporar a las cooperativas y mutuales como actores del diseño, la ejecución y la evaluación de políticas vinculadas con el empleo, la producción, los servicios públicos, la inclusión financiera y el desarrollo regional.
Esto no significa reclamar privilegios ni reemplazar las responsabilidades del Estado. Significa reconocer capacidades institucionales existentes y construir mecanismos de trabajo conjunto que permitan aprovecharlas en beneficio de la sociedad.
El Estado tiene responsabilidades indelegables de regulación, fiscalización y garantía de derechos. Las cooperativas y mutuales, por su parte, cuentan con experiencia territorial, conocimiento de las necesidades de sus asociados y estructuras organizativas capaces de contribuir a resolver problemas concretos.
Esa articulación debe desarrollarse con transparencia, controles adecuados y reglas claras. La participación del sector en las políticas públicas puede fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, especialmente donde las necesidades sociales y económicas requieren soluciones cercanas a la comunidad.
Los valores de la economía social y nuestra Constitución
Existe, además, una dimensión que considero esencial. Los principios que orientan al cooperativismo y al mutualismo —solidaridad, igualdad, democracia, ayuda mutua, responsabilidad social y participación— encuentran importantes puntos de encuentro con los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional.
El artículo 14 bis reconoce derechos fundamentales de los trabajadores y de la seguridad social. El artículo 16 consagra la igualdad ante la ley. El artículo 14 protege, entre otros derechos, el de asociarse con fines útiles. Y el artículo 75, inciso 19, incorpora objetivos vinculados con el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social y el crecimiento armónico de la Nación.
Esto no significa que la Constitución establezca un modelo económico exclusivamente cooperativo o mutualista. Significa que los valores de la economía social son compatibles con principios constitucionales fundamentales que colocan a la persona, al trabajo, a la igualdad y al desarrollo humano en el centro de la organización social.
Por eso, cuando hablamos de fortalecer cooperativas y mutuales, no estamos hablando únicamente de entidades o estructuras administrativas. Estamos hablando de organizaciones que pueden contribuir a hacer efectivos derechos, ampliar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de las personas.
De los discursos a las decisiones
Durante años hemos escuchado reconocimientos públicos sobre la importancia del cooperativismo y el mutualismo. Pero el reconocimiento institucional necesita traducirse en decisiones concretas.
Es necesario avanzar hacia espacios permanentes de articulación entre el Estado y las organizaciones de la economía social, con participación en las mesas de desarrollo productivo, programas de capacitación, instrumentos de financiamiento, innovación tecnológica y planificación territorial.
También resulta fundamental promover marcos regulatorios adecuados, simplificar procedimientos administrativos sin debilitar los controles y generar información estadística confiable que permita dimensionar la verdadera contribución del sector a la economía argentina.
Porque aquello que no se mide correctamente difícilmente pueda ocupar el lugar que merece en la planificación económica. La economía social necesita ser considerada no solamente cuando aparecen dificultades sociales o económicas, sino también cuando se discuten inversiones, infraestructura, presupuestos, empleo, producción y estrategias de crecimiento.
Una decisión política para construir desarrollo
La Argentina enfrenta desafíos profundos en materia de empleo, desigualdad, financiamiento productivo y desarrollo territorial. Frente a ese escenario, el debate sobre el papel de las cooperativas y mutuales adquiere una importancia que excede ampliamente al propio sector.
No se trata de contraponer la economía social con la actividad privada tradicional ni con el Estado. Se trata de comprender que pueden existir distintas formas de organización económica que contribuyan, desde sus respectivas capacidades y responsabilidades, al desarrollo nacional.
Las cooperativas y mutuales ya están presentes en la producción, en los servicios, en el empleo y en las comunidades. El desafío institucional es construir una relación más integrada, estable y efectiva entre esas organizaciones y las políticas públicas.
La economía social no necesita que la política descubra su existencia. Necesita que su importancia económica, social y territorial sea reconocida en las decisiones de gobierno.
Porque detrás de cada cooperativa y de cada mutual hay personas que trabajan, familias que encuentran respuestas, comunidades que se desarrollan y recursos que permanecen vinculados con sus territorios.
Y porque el verdadero desarrollo de un país no debería medirse solamente por cuánto crece su economía, sino también por cómo ese crecimiento se transforma en trabajo, oportunidades, derechos y bienestar para su gente.
La economía social ya es parte de la realidad productiva argentina. El desafío pendiente es que también sea parte estructural de su agenda política y de sus decisiones de Estado.
José Luis Cornacchione
Técnico y dirigente de la Economía Social
