Hay problemas sociales que crecen silenciosamente, hasta que sus consecuencias empiezan a sentirse dentro de los hogares. Las apuestas online son uno de ellos.
Detrás de una pantalla, de un teléfono celular y de la promesa de ganar dinero fácilmente, se está desarrollando una problemática que afecta especialmente a nuestros jóvenes, pero que termina golpeando a familias enteras.
Lo que comienza como entretenimiento puede convertirse en dependencia. Lo que parece una oportunidad económica puede terminar en endeudamiento. Y lo que inicialmente se vive en soledad puede transformarse en un problema de salud mental, angustia y deterioro de los vínculos familiares.
No estamos hablando solamente de apuestas. Estamos hablando de personas, de familias y de futuro.
La Iglesia católica viene advirtiendo con firmeza sobre esta realidad.
En julio de 2024, las Pastorales Sociales de distintas regiones del país difundieron un documento titulado Apostar no es un juego, donde expresaron su preocupación por la naturalización de las apuestas online y sus consecuencias, especialmente entre niños y adolescentes.
El papa Francisco también cuestionó el impacto de las apuestas digitales sobre la juventud y advirtió acerca de la responsabilidad de los gobiernos frente a una actividad que puede provocar graves daños emocionales y financieros.
En Córdoba, el cardenal Ángel Rossi fue particularmente claro al señalar la contradicción que supone restringir los casinos físicos mientras las apuestas pueden ingresar a los hogares a través de un teléfono celular.
Estas reflexiones de la Iglesia nos invitan a mirar más allá de las diferencias religiosas o partidarias. Nos colocan frente a una pregunta esencial:
¿Qué valor tiene el progreso de una sociedad si no somos capaces de proteger a quienes están más expuestos?
Desde mi perspectiva, esta discusión también debe incorporar una dimensión que todavía no ocupa suficiente espacio en las políticas públicas: la salud financiera de las familias.
Porque detrás del juego problemático muchas veces aparece una segunda crisis: la económica.
Deudas que se acumulan, créditos que se utilizan para recuperar lo perdido, compromisos financieros imposibles de afrontar y recursos familiares que dejan de destinarse a necesidades esenciales.
El endeudamiento vinculado a las apuestas puede transformarse en una verdadera trampa: se pide dinero para seguir jugando, se vuelve a apostar para intentar recuperar lo perdido y finalmente se contraen nuevas deudas para pagar las anteriores.
Por eso sostengo que la prevención de la ludopatía debe estar vinculada directamente con la prevención del sobreendeudamiento familiar.
No alcanza con advertir sobre los riesgos del juego. También necesitamos educación financiera, detección temprana, orientación económica y mecanismos de acompañamiento para quienes ya están atravesando estas situaciones.
Y aquí aparece inevitablemente la responsabilidad de la política.
El Estado no puede limitarse a intervenir cuando el daño ya está hecho. Debe desarrollar políticas públicas capaces de anticiparse a los problemas sociales.
En la ciudad de Córdoba existe una ordenanza que aborda la prevención de los riesgos asociados a las apuestas online. Sin embargo, considero necesario avanzar hacia una política municipal más integral, que incorpore expresamente la salud financiera, la asistencia interdisciplinaria y la participación de las instituciones de la comunidad.
Las escuelas, los clubes, los centros vecinales, las universidades, las mutuales y las cooperativas pueden cumplir un papel fundamental en esta tarea.
La economía social, por su cercanía con las personas y su presencia territorial, tiene mucho para aportar en materia de educación, prevención y acompañamiento.
No se trata de reemplazar las responsabilidades del Estado, sino de construir una respuesta colectiva.
También es necesario discutir el lugar que ocupa la publicidad de apuestas en el deporte y en los espacios digitales que frecuentan nuestros jóvenes.
El deporte debería transmitir valores de esfuerzo, compañerismo, disciplina y superación personal. No convertirse en una puerta de entrada a prácticas que pueden comprometer la salud y la estabilidad económica de las personas.
Esta discusión exige responsabilidad institucional, controles adecuados y una mirada que coloque el bienestar de las personas por encima de cualquier interés económico.
La política debe decidir si quiere limitarse a administrar las consecuencias o asumir el desafío de prevenirlas.
Creo profundamente que gobernar también significa anticiparse. Identificar los problemas antes de que se conviertan en crisis y construir herramientas para proteger a quienes más lo necesitan.
La Iglesia ha puesto sobre la mesa una preocupación humana y social. Los profesionales de la salud vienen señalando los riesgos. Las familias necesitan orientación y respuestas.
Ahora corresponde que las instituciones públicas transformen esa preocupación en acciones concretas.
Porque cuando un joven pierde el control frente a las apuestas, no pierde solamente dinero. Puede perder tranquilidad, oportunidades, confianza y proyectos.
Y cuando una familia se endeuda para sostener una situación de juego problemático, el daño trasciende lo individual y afecta a todo su entorno.
No podemos construir una sociedad donde la esperanza de progresar termine dependiendo de una apuesta.
El futuro de nuestros jóvenes no puede quedar librado al azar.
Y la responsabilidad de protegerlo tampoco.
José Luis Cornacchione
