El caso de la supuesta estafa $LIBRA se reactivó con fuerza en el Congreso. La oposición volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez quedó contra las cuerdas: tanto ella como otros funcionarios podrán ser llevados a declarar por la fuerza pública, intervención judicial mediante. Así lo establece el reglamento aprobado este martes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Además de Karina, convocarán al vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y la excoordinadora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Poder Ejecutivo, María Florencia Zicavo; entre muchos otros.
En paralelo, le enviarán un cuestionario escrito de nueve preguntas al propio Javier Milei, que será remitido en lo inmediato. El presidente tendrá cinco días hábiles para responder. Entre las consultas figura cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA, que publicó en X el 14 de febrero, ya que esa información no era pública hasta ese momento.
Las citaciones a testigos aún no tienen fecha. Con Ferraro a la cabeza, la oposición elaborará un cronograma para las próximas semanas. El reglamento no especifica qué tolerancia habrá para solicitar la intervención judicial ante la reticencia de un testigo. La oposición irá tanteando el clima político antes de tomar esa decisión.
El reglamento fue aprobado con 14 votos afirmativos de los 28 integrantes de la comisión. Apoyaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Del otro bando, los representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Liga del Interior (“radicales con peluca”) e Innovación Federal (provinciales) optaron por no pronunciarse o abstenerse.
“Estar aquí no significa convalidar los métodos con que se eligió la presidencia”, aclaró la espada parlamentaria del PRO, Silvana Giudici. Los oficialistas y aliados no aportaron al quórum, con dos excepciones: el tucumano Mariano Campero (Liga del Interior) y el bonaerense Eduardo Falcone (MID), dos legisladores que supieron ser aliados incondicionales del Gobierno pero ahora toman distancia.
El artículo 8 del reglamento, titulado “Medidas de fuerza”, establece que “la comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”.
Y agrega que “en caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”.
