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Jue 28 mayo 2026
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Anisacate: la Cooperativa desmintió a la intendenta y ratificó que el municipio cobra una tasa al servicio de internet

El debate en torno al costo de los servicios públicos sumó un nuevo capítulo de tensión institucional tras el cruce público entre la intendenta local y la Cooperativa de Anisacate. Luego de que la mandataria difundiera un video afirmando que era «mentira» que el incremento en el servicio de Internet se debiera a una tasa municipal, el presidente de la institución cooperativa, Carlos Ríos, salió al cruce para desmentir esas afirmaciones, exigir seriedad y pedir que «frenemos con las mentiras». El directivo remarcó que el punto central de la discusión no radica en una suba directa de las alícuotas, sino en la decisión política de incorporar por primera vez al servicio de Internet dentro de una categoría alcanzada por la Tasa de Comercio e Industria del municipio.

Para sostener su postura, Ríos exhibió documentación pública y detalló que en el Boletín Oficial N° 122 del año 2024 —que regía la tarifaria para 2025— el servicio de Internet no figuraba bajo la categoría tributaria 642020.2. Sin embargo, contrastó este dato con el Boletín Oficial N° 135, publicado el 10 de diciembre de 2025 para regular el año 2026, donde la actividad sí fue anexada junto a otros servicios de comunicación. Según explicó el titular de la entidad, aunque técnicamente no se modificó el valor de la tasa en sí, la inclusión de una nueva actividad dentro de esa estructura impositiva genera un impacto económico directo sobre el costo final del servicio que reciben los usuarios.

Finalmente, el referente cooperativo cuestionó el tono del mensaje oficial de la intendencia y reclamó llevar adelante el debate con datos reales y responsabilidad institucional. Tras instar a la comunidad a ser «adultos» en la discusión, Ríos invitó formalmente a los vecinos a ingresar a la página web del municipio para revisar los boletines oficiales y comprobar los números por cuenta propia. El conflicto vuelve a poner el foco sobre el impacto que tienen las decisiones fiscales de las administraciones locales en los bolsillos de los ciudadanos y la transparencia en la comunicación de las cargas tributarias.

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