La Legislatura provincial «no incurrió en arbitrariedad ni en desvío de sus atribuciones» al suspender durante seis meses a la legisladora Patricia de Ferrari Rueda por la difusión de mensajes golpistas emitido a través de las redes sociales en contra del dirigente social Juan Grabois.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) al desestimar la acción de impugnación constitucional promovida por De Ferrari Rueda contra la sanción disciplinaria.
El TSJ dijo concretamente en su decisión que “una vez descartado un incorrecto uso de las atribuciones disciplinarias de la Legislatura y la ausencia de arbitrariedad que pudiera haber afectado las garantías de debido proceso y defensa, queda en claro que no media desviación alguna de poder”.
Señalaron que la decisión de los legisladores fue tomada «por entender que estaba en juego la dignidad misma de la Legislatura, motivo concreto que le fue comunicado a De Ferrari Rueda, en forma previa a la realización del enjuiciamiento disciplinario»
Además, lo jueces del Superior Tribunal dijeron que «a la denunciada le fueron proporcionadas las razones como los fundamentos probatorios en virtud de los cuales ciertos integrantes de la Legislatura le atribuyeron, bajo la caracterización constitucional de indignidad, la respectiva responsabilidad política”.
Finalmente los magistrados destacaron que “a la sancionada se le suministró información clara respecto de la motivación del mencionado proceso en su contra, así como una referencia mínima a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción y la norma supuestamente en trance” y agregaron que «la inmunidad de opinión de la que gozan los legisladores solo alcanza a lo que profirieran en el cumplimiento de sus deberes parlamentarios, no a lo que expresaran en su mera condición de ciudadanos sobre cuestiones que no guarden una inmediata relación con su quehacer legislativo».
