Finalmente la Legislatura de Córdoba va a debatir la regulación de las marchas callejeras en la provincia, la propuesta presentada por el Legislador de Hacemos por Córdoba Juan Manuel Cid, y acompañada por el Legislador de Juntos por el Cambio Dante Rossi.
Cid, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo de la Legislatura de Córdoba le dio tratamiento en la Comisión a la norma propuesta que establece un sistema de penas y sanciones a quienes atenten contra el normal desarrollo de la vida cotidiana en la ciudad.
El objetivo de los funcionarios es buscar un consenso para garantizar el derecho a la protesta, pero también garantizar el derecho de todas las personas afectadas, comerciantes, otros trabajadores y ciudadanos en general que necesitan transitar de manera libre y sin que su integridad física y mental corra riesgos ni tenga que atravesar situaciones extremas.
El Legislador Juan Manuel Cid abrió el debate proponiendo una normativa que busca ordenar las manifestaciones callejeras para que se hagan los reclamos sin que atenten contra el libre desempeño del resto de la ciudadanía, «el derecho a reclamar es igual al de trabajar sin ser molestado» expresó Cid al momento de fundamentar el proyecto.
El proyecto fue presentado en la Legislatura provincial hace unos meses y ahora comienza a ser tratado en Comisión con la participación de los diferentes sectores de la sociedad que están afectados por el tema, por allí deberán pasar comerciantes, diferentes sectores de trabajadores representados por sus gremios, los vecinos representados por el Centro Vecinal del centro y diferentes asociaciones en representación de distintos colectivos de gente que también se ve relacionado con el tema.
En la primera sesión de la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo de la Legislatura que tratará el tema participan la Cámara de Comercio de Córdoba y representantes del Centro Vecinal del Centro.
Es el comienzo de un tema que atraviesa a toda la sociedad cordobesa y que necesita una solución, este tratamiento es un avance que deberá culminar con la sanción de los legisladores provinciales de una normativa que regule las protestas y proteja la vida cotidiana de quienes no lo hacen.
