Con motivo de las manifestaciones en la ciudad de Córdoba, el concejal Diego Casado, es el primero en presentar un proyecto de ordenanza para modificar el Código de Convivencia Ciudadana para mitigar el impacto de los acampes de las organizaciones sociales, sobre todo, restringiendo la ocupación que afecte corredores esenciales de emergencia, de seguridad, de salud, de educación, de transporte público de pasajeros y de toda libre circulación ciudadana a través de la duplicación de las multas.
Para este fin Casado propone que se prohíba la ocupación y acampe en corredores esenciales señalizados por la Municipalidad de Córdoba con una nueva señalética específica a lo que suma también la “prohibición en su totalidad de acampes y/o ocupaciones en los puentes de la ciudad de Córdoba a los efectos de resguardar la seguridad pública, el acceso a todos los niveles del sistema educativo como asimismo no coartar el derecho a la salud frente a las incontingencias de la vida social que puedan generarse, todo ello bajo pena de iniciar las acciones legales pertinentes”.
El proyecto de ordenanza del Concejal Casado prevé la organización de una mesa interjurisdiccional con miembros del del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Poder legislativo Municipal, Secretarias Municipales y terceros, “a los efectos de contar con las cámaras de seguridad de la Policía de la Provincia para la identificación de personas frente a la comisión de delitos y concatenar estrategias que propendan a mantener el orden público y la paz social”.
Pero lo más novedoso y fuera de lo común que incluye la propuesta de Diego Casado tiene que ver con la “restricción de la realización de acampes y/o manifestaciones de mayores con el acompañamiento de niños, todo ello, en procura de evitar la creación y realización de un riesgo no previsto para la humanidad de las infancias”.
Esta prohibición que contempla el proyecto contempla también sanciones a quiénes infrinjan la norma, “Frente al incumplimiento de las prerrogativas, se faculta a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba a darle intervención a la SENAF para que tome la intervención correspondiente con el control jurisdiccional del Juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar que por turno corresponda, y al mayor que infrinja dicha normativa, hacerlo pasible de la responsabilidad correspondiente en base a la imputación objetiva que pudiera corresponderle” dice el texto.
Frente a este último articulado, el Concejal enfatizó: “No se puede realizar o crear una riesgo para la vida de los niños. Miremos el caso de Santiago del Estero en el que murió un niño aplastado por un camión en una manifestación. El 9 de Febrero de 2022, hubo una marcha contra del FMI en Córdoba y un pibe de 15 años fue apuñalado. No podemos olvidarnos el caso de un niño al que le explotó una bomba en pleno centro de la ciudad. Los menores deben estar en el colegio aprendiendo, en una sala cuna, con sus abuelos/as, en una iglesia o en un club deportivo, no en las manifestaciones. Así como no se permite el trabajo de menores, tampoco debe permitirse esta situación. El art. 154 Sexies lo que busca es generar conciencia, el control de las autoridades judiciales y una posible imputación de aquellos padres que permitan esto frente a alguna desgracia que pueda sucederles a los menores por poner en riesgo la integridad física y emocional de los mismos”.
