Para este año el Gobierno amplió el Presupuesto en $1,277 billones, destinados en un 70% a jubilaciones, salarios, programas sociales y subsidios, y en un 30% a políticas públicas, a través del decreto 809/2021.
La ampliación presupuestaria de $1.277.212.656.463 tiene su mayor partida para el Ministerio de Trabajo por $ 271.041.740.407 de los cuales $ 261.341.175.127 son para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afronte el pago de jubilaciones.
En segundo lugar, aparece el Ministerio de Desarrollo Territorial, con $ 187.788.206.457 de los cuales $122.794.515.719 son para el Procrear y $ 58.032.383.951 para viviendas sociales.
El Ministerio de Desarrollo Social percibirá recursos extraordinarios por $ 115.217.536.814 que repartirá entre políticas alimentarias, $ 42.645.886.000; y el programa Potenciar Trabajo, $ 59.849.572.346.
«El gobierno del presidente Alberto Fernández nunca ha titubeado en invertir recursos para mejorar la vida de nuestra gente y durante la pandemia (de coronavirus), que han sido meses muy difíciles, nunca ha tenido una política que haya achicado. Al contrario, siempre ampliamos y vamos a seguir ampliando; siempre vamos a estar acompañando a cada argentino que necesite de la asistencia del Estado», expresó días atrás Zabaleta, en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a los canales 10 de Tucumán, 9 de Salta y 9 de Chaco.
La idea motora de convertir la ayuda estatal en haberes, como retribución por trabajo formal, ya consiguió avances en conversaciones que Desarrollo Social mantuvo con la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción, y las siete Cámaras Hoteleras y Gastronómicas, y el Gobierno espera formalizar en los próximos meses la incorporación de esos sectores a varias propuestas del Potenciar Trabajo.
El objetivo de máxima es «formalizar el trabajo de unos 6,4 millones de argentinos», en un camino que ya anotó entre sus logros unos 50 mil contratos laborales firmados en apenas 2 meses con pequeñas y medianas empresas del agro.
En octubre pasado, a través del decreto 711/2021, el Gobierno oficializó la medida que busca convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en «incentivos para la contratación» bajo la forma de «empleo asalariado registrado en el sector privado».
El Estado mantiene su aporte de los 14.500 pesos del programa Potenciar Trabajo como salario base y el resto -para llegar al salario de convenio- lo ponen los productores, emprendedores, contratistas o empresarios que se sumen a la iniciativa.
Otra forma de acompañamiento estatal está expresada en el Programa Mi Pieza, que en diciembre tendrá su segundo sorteo para definir a las ganadoras de una propuesta que ofrece a mujeres habitantes de barrios populares la posibilidad de ampliar, realizar refacciones y reparaciones en sus casas a través de dos líneas de financiamiento, por 100 mil o 240 mil pesos.
En un primer sorteo ya resultaron ganadoras algo más de 35 mil mujeres y el 1 de diciembre será el turno del segundo.
«La importancia estratégica de Mi Pieza es que busca revertir situaciones críticas, que son producto de la pobreza estructural», explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, conscientes de que el 43,5% de las nuevas inscriptas declaró vivir en estado de hacinamiento
En más de una oportunidad, el presidente Alberto Fernández convocó a «impulsar el empleo registrado» y expresó su aspiración de que quienes «hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho».
«Cambiar planes por empleo de debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas», declaró el Presidente.
