Finalmente, los intendentes enrolados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentaron otro amparo ante la Justicia para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso el presidente Javier Milei con el objetivo de desregular la economía y conseguir el superávit fiscal, que entró en vigencia el viernes pasado.
La FAM jugó con los tiempos de la Justicia: aguardó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitase la feria judicial para tratar durante el receso de enero el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), para que se dejen sin efecto las reformas al régimen laboral que fueron introducidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que dictó el Presidente.
Los intendentes -en su mayoría del peronismo- habían definido ir a la Justicia la semana pasada, tras una reunión en la sede de la FAM. “Afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs y los productores regionales”, detallaban sobre el impacto del DNU. La decisión de la habilitar tratar el amparo de la CGT aceleró los tiempos.
Agustín González, el Intendente cordobés de Cruz Alta con activa participación en la FAM destacó la importancia de «que todo nuestro país se exprese a través de todos los intendentes y presidentes comunales que integran la mesa ejecutiva de la Federación Argentina de Municipios», expresó su preocupación ante el DNU, calificándolo como «arbitrario» y advirtió sobre sus impactos en diversos sectores, especialmente en los más vulnerables, en el campo y la industria.
