El Gobierno confirmó que si la Justicia desestima la reimpresión de la Boletas Únicas de Papela (BUP) en la provincia de Buenos Aires, apelará esa medida ya que «La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña».
Fuentesde la Casa Rosada indicaron sobre las boletas, luego de que José Luis Espert declinara su candidatura al frente de la nómina violeta: «Si se rechaza en la Justicia la reimpresión de boletas, se hará una presentación judicial porque LLA tiene prohibido por ley gastar esa suma».
Los apoderados de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron este lunes un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas y su costo se estima en más de 10.000 millones de pesos.
Por otro lado, la misma fuente descartó que el presidente Javier Milei vaya a ordenar cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26, mientras que consideró poco probable que se sume Mauricio Macri a alguna actividad de campaña de LLA pese al rol protagónico que asumirá a partir de ahora Diego Santilli y luego del acercamiento entre el mandatario y el fundador del PRO, quienes se reunieron dos veces en menos de una semana.
A su vez, en un inesperado revés para la estrategia electoral del Gobierno, la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza, y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.
El dictamen choca de frente con la presentación realizada por el oficialismo, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar. La decisión final ahora quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla.
La fiscal Roteta basó su dictamen en antecedentes judiciales que respaldan su postura, siendo el más resonante el caso de la senadora Lucila Crexell. En aquella oportunidad, ante la muerte del primer candidato, la Justicia Electoral (con fallo confirmado por la Corte Suprema) determinó que le correspondía a ella encabezar la boleta, y no al primer suplente varón, para no contrariar el «propósito final de la ley, que es la protección de la mujer».
Los jueces consideraron en ese entonces que aplicar estrictamente el reemplazo por género sería una «hipótesis de aplicación irrazonable de una norma».
Aunque el dictamen de la fiscal no es vinculante, representa un fuerte argumento legal que el juez Ramos Padilla deberá sopesar. Lo que él decida podrá, a su vez, ser apelado ante la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia.
