En la arena política cordobesa empieza a escalar un nuevo frente de conflicto, esta vez con eje en redes sociales, acusaciones de corrupción y una posible derivación judicial.
El legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Peirone, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Córdoba al afirmar públicamente que la administración provincial “hace negocios a espaldas de la gente con el dinero de los contribuyentes”. A través de sus redes sociales, el opositor habló de licitaciones dirigidas, sobreprecios y sostuvo que existen mecanismos utilizados para “saltear controles en contrataciones millonarias”.
Sin embargo, la respuesta no se haría esperar. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes cercanas al Gobierno provincial, la semana próxima podría presentarse una denuncia penal contra el legislador por sus declaraciones públicas, al considerar que se trataría de acusaciones de corrupción “infundadas” que afectan la imagen institucional de la administración.
De acuerdo con esas mismas versiones, la eventual acción judicial tendría un doble eje. Por un lado, se evaluaría encuadrar las expresiones de Peirone como una imputación grave sin sustento. Por otro, se analizaría plantear que, en caso de que el legislador efectivamente contara con pruebas de los hechos que denunció públicamente, su conducta podría configurar un incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber formalizado la denuncia por las vías institucionales correspondientes.
Siempre según trascendió en despachos oficiales, la movida estaría siendo impulsada por un funcionario del propio Gobierno provincial y ya se estaría trabajando en el encuadre legal de la presentación.
Mientras tanto, la clave pasará por saber si las acusaciones del legislador avanzan hacia una denuncia formal con respaldo o si el conflicto se traslada a los tribunales en forma de contraofensiva.
