La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate Ltda. presentó una denuncia penal contra la intendenta Natalia Contini y el secretario de Gobierno y Desarrollo Urbano, David Perazzolo, por presuntas conexiones clandestinas de alumbrado público detectadas en distintos sectores del ejido municipal.
La presentación fue realizada por el presidente de la Cooperativa, Carlos Ríos, con patrocinio letrado del Dr. Jorge Nicolás Calvi, ante la Fiscalía de Instrucción del Fuero Múltiple N° 2 de Alta Gracia, a cargo del Dr. Alejandro Jesús Peralta Ottonello. Durante la jornada, Ríos estuvo acompañado por el vicepresidente de la entidad, Fabián Alfaro, y por el abogado Santiago Gamboa.
Según se informó, las irregularidades detectadas corresponden a tendidos de luminaria pública conectados de manera directa a la red eléctrica, sin autorización, sin medidor, sin facturación, sin proyecto técnico y sin cumplir con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.
De acuerdo a lo denunciado, entre enero y noviembre de 2025 personal técnico de la Cooperativa detectó al menos cuatro conexiones irregulares en distintos sectores de Anisacate: la bajada al Río Los Talas, el ingreso oeste de Barrio Parque San José, la colectora de Ruta Provincial N° 5 entre Los Chañaritos y Barrio Villa Pautasso, y la Ruta Provincial S-524, camino a Costa Azul, desde Barrio Llajta Sumaj hasta el ingreso a Barrio Costa Azul.
Desde la Cooperativa remarcaron que no se trata únicamente de un perjuicio económico por el uso no registrado de energía, sino también de una situación de riesgo para los vecinos, ya que se trata de instalaciones realizadas por fuera de toda norma técnica y de seguridad.
Asimismo, señalaron que la denuncia no se hizo pública con anterioridad debido a que estaba en curso un proceso eleccionario, y la decisión institucional fue no interferir ni manchar ese escenario. Finalizada esa etapa, la entidad resolvió comunicar públicamente la presentación judicial y el avance de la causa.
En ese marco, la Justicia ya resolvió aceptar a la Cooperativa como querellante particular, otorgándole participación activa en la investigación. También se dispusieron medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Desde la entidad señalaron que la decisión de acudir a la Justicia responde a la obligación institucional de resguardar el servicio, defender los recursos de los asociados y actuar ante hechos que consideran de extrema gravedad.
