Un importante grupo de intendentes del interior del país están en conflicto con el gobierno nacional por el avance del Banco Nación en su agenda anti-impuestos.
El Banco recurrió a la Justicia Federal y planteó la inconstitucionalidad de la “Tasa de Comercio e Industria”, un impuesto que pagan todas las sucursales de la entidad nacional que se ubican en distintas ciudades del interior.
Este impuesto, afirman gran parte de los Intendentes, sirve para financiar un sinfín de servicios que brindan los Municipios. Su eliminación, advierten estos jefes comunales, pondría en riesgo la continuidad de dichos servicios
En Córdoba la resistencia de los intendentes agrupa, entre otros, a Río Cuarto, Río Tercero, Alta Gracia y Jesús María
El Intendente Federico Zárate explicó que “El planteo que nos hizo el Banco Nación era acomodar la tasa y no pagar una alícuota excesiva”, sostuvo Zárate y destacó que en base a eso se acordó «modificar la base del cálculo y reducir lo que pagaba el Banco al Municipio para garantizar que sigan pagando la tasa”.
A pesar de ser una de las administraciones municipales que pudo llegar a un acuerdo con el Banco Nación, Zárate reconoce que para muchos otras intendencias esto representa un serio peligro para las finanzas.
Este enfrentamiento del gobierno nacional contra los Municipios es una etapa más dentro de la guerra contra la presión impositiva. Con la eliminación de partidas presupuestarias y de subisidios, ahora el Gobierno apunta a las tasas a través de las cuales se nutren las arcas de las Intendencias.
