En una nueva sesión de la Comisión de Discapacidad del Concejo Deliberante de Córdoba, se trató un proyecto de ordenanza que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado municipal y los sectores más vulnerables de la ciudadanía: las personas mayores y las personas con discapacidad. Se trata de una iniciativa que propone asegurar la accesibilidad digital integral en todas las plataformas, aplicaciones y servicios digitales gestionados por el municipio.
El proyecto apunta a cumplir con principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la autonomía personal. En ese sentido, propone que todas las herramientas digitales municipales estén diseñadas bajo estándares internacionales de accesibilidad, facilitando su uso para quienes enfrentan barreras tecnológicas por motivos físicos, sensoriales o cognitivos.
La digitalización del Estado, acelerada por la pandemia, ha ampliado el acceso a servicios, pero también ha dejado atrás a quienes no pueden utilizar las plataformas actuales. Según el texto del proyecto, muchas de las herramientas digitales actuales no contemplan las necesidades de quienes utilizan lectores de pantalla, magnificadores o simplemente necesitan un lenguaje claro y una navegación simplificada.
Por eso, la ordenanza establece medidas concretas como: Diseños navegables por teclado o asistentes tecnológicos. Textos alternativos en imágenes, audios y videos. Lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios. Contraste visual adecuado y ajuste de tamaño de texto. Subtítulos y transcripciones en contenidos audiovisuales. Estructuras lógicas de navegación. Pruebas de accesibilidad con personas reales de los grupos destinatarios.
La responsabilidad recaerá en el Departamento Ejecutivo Municipal, que deberá coordinar con el Consejo Municipal de Personas Mayores (CoMPeMa) y el Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad para asegurar la implementación y seguimiento de estas pautas.
El proyecto se apoya en normativas nacionales e internacionales. Entre ellas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada en Argentina por Ley 26.378), y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.611), que obligan a los estados a garantizar el acceso equitativo a la información y a las comunicaciones.
Asimismo, toma como marco de referencia la Ley Nacional N° 26.653 de Accesibilidad Web, que si bien se orienta a sitios web, establece principios aplicables a todo entorno digital público.
La implementación de esta ordenanza no sólo eliminaría barreras tecnológicas, sino que fortalecería la autonomía, la participación ciudadana y la calidad de vida de miles de cordobeses. “La brecha digital ya no puede seguir siendo una excusa para excluir”, se remarcó durante la reunión de comisión.
Diversas ciudades del país y del mundo ya han adoptado normativas similares, reconociendo que la inclusión digital es clave para el desarrollo de comunidades más equitativas. Córdoba busca sumarse a ese grupo de gobiernos locales que entienden la tecnología como una herramienta de igualdad.
Próximos pasos: El proyecto será analizado por las comisiones correspondientes y podría llegar al recinto para su votación en las próximas semanas. De aprobarse, Córdoba daría un paso significativo hacia una gestión digital más justa e inclusiva.
