La Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad Universal, presidida por Mónica Rosales (HUxC), aprobó hoy por unanimidad un proyecto en el que expresa su “profunda preocupación” por el contenido de una ley promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional que si bien declara la emergencia en discapacidad, en un artículo dispone la suspensión de su ejecución.
Como es de público conocimiento, el presidente Javier Milei condicionó la efectiva aplicación de la emergencia aprobada (con rechazo al veto presidencial incluido) a una previa asignación de partidas por parte del Congreso.
Según los impulsores del proyecto “esa cláusula suspensiva configura una intromisión inconstitucional en el procedimiento de formación y sanción de las leyes, desnaturaliza el alcance protectorio de la norma y lesiona derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.
Para la ocasión fueron invitadas la Lic. Belen Frías, integrante de la Fundación Arkho y de la Red de Vida Independiente Córdoba (ReViC), y representante en el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) por las organizaciones de la sociedad civil de Córdoba; Lic. Verónica Romanini, en representación de la Fundación Arkho; Lic. Alejandra Carbajo, en representación de la Fundación CEIN; y Lic. Verónica Prieto, en representación de la Fundación 5 Sentidos.
Todas ellas detallaron los perjuicios que la no aplicación de la ley significa para las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a sus derechos humanos fundamentales, al no recibir en tiempo y forma las prestaciones médicas y apoyos terapéuticos que les resultan indispensables.
Belén Frías no dudó en afirmar que la situación “es terminal” y que no saben si los prestadores podrán seguir operando hasta fin de año, si no hay un cambio urgente de políticas.
“Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, no hay diálogo. La mesa nacional de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) no se reúne desde hace un año ya. Recurrimos a los poderes legislativo y judicial, porque desde el Ejecutivo solo recibimos más discriminación, estigmatización y abandono”, señaló.
También precisó que desde que fue intervenida, hace 60 días, Andis “no pagó más el programa Incluir Salud”, que contempla los servicios de rehabilitación, centros de día, medicación, y provisión de descartables.
“Detuvieron todo. No se puede entender, ni aceptar esa actitud. Ya no sabemos qué hacer, porque no aguantamos más. Muchas instituciones van a cerrar, pero al gobierno no le interesa. Ejercen una cuestión de supremacía con el tema discapacidad”, completó.
Los concejales compartieron esos argumentos, pero acotados también en sus posibilidades reales de incidencia en el tema, para revertir la situación.
Hay que recordar que el interventor de la Andis y también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fueron convocados por este tema al Congreso, pero no concurrieron.
“La única vía que nos queda para seguir peleando es la judicial, donde ya hay varios amparos presentados. Pero eso demanda tiempo y recursos, dos cosas que no tenemos”, advirtió Frías.
