Un escándalo sin precedentes atraviesa a la justicia de Córdoba y de manera transversal a la política provincial a partir de un hecho de instancia privada. Política Córdoba Verdad pudo conocer que el abogado Humberto Margara, detenido por la violación de la madre de una persona a la que él defendía, consiguió la prisión domiciliaria a partir de la participación directa de su yerno, el Concejal oficialista Diego Casado, quien ofició como su abogado defensor.
El escándalo se suscitó por la extraña decisión de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a un reo que puede reincidir en el delito cometido y los pasillos de los tribunales provinciales mencionan de manera insistente el accionar de su abogado defensor, un influyente Concejal de la ciudad, enrolado en el oficialismo provincial, así como de la esposa de este, funcionaria con influencias en el ámbito judicial e hija del detenido.
Pero la situación llegó a extremos cuando el mismo abogado y Concejal intercedió otro pedido en favor de su suegro sindicado de violación, pretendiendo que se le permite volver a ejercer la profesión, a través de la cual consumó su aberrante accionar, en el mismo estudio donde cometió el delito, cuando todos los indicadores hacen prever que con las condiciones allanadas pueda reincidir en la misma naturaleza criminal.
Según los trascendidos, la premura de Casado y su esposa por liberar a Margara tiene que ver con el conocimiento de un proyecto de Ley enviado hace un mes a la legislatura provincial donde justamente se propicia un Regimen Provincial de protección a Víctimas de Delitos y, específicamente, en los fundamentos se cita criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la nación en un caso similar al del suegro del Concejal Casado, «abuso con acceso carnal agravado por el vínculo», al que el máximo tribunal califica como de «inusitada gavedad» y recordó que «pesa sobre los operadores del sistema la obligación de actuar con la debida diligencia para no tornar ilusorios los derechos de la víctima».
El hecho de que el abogado interviniente sea un Concejal peronista, representante del oficialismo local y provincial, torna la situación en escandalosa, dando lugar a suspicacias que no hacen más que agravar las actuaciones judiciales y el escenario político, lo que por estas horas preocupa profundamente tanto a las autoridades legislativas como políticas de la ciudad y de la provincia de Córdoba.
