La totalidad de los partidos, organizaciones políticas y militantes que componen el Frente de Todos en Córdoba, expresaron de manera contundente el «repudio luego de la infame condena e intento de proscripción a la Vicepresidenta de la Nación y líder de nuestro movimiento popular, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera por mandato del pueblo dos veces Presidenta».
Con la firma de más de cien representantes de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, culturales y de diversidad, así como dirigentes, funcionarios, legisladores e intendentes los cordobeses expresaron a través de un documento que se encuentran «en estado de alerta» y analizando acciones a seguir.
El texto completo del documento dice:
«Los partidos, organizaciones políticas y militantes que componemos el Frente de Todos en Córdoba, nos expresamos en repudio luego de la infame condena e intento de proscripción a la Vicepresidenta de la Nación y líder de nuestro movimiento popular, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera por mandato del pueblo dos veces Presidenta.
El objetivo no es nuevo en nuestro país, lo que resulta novedoso son las formas por las cuales se condena, estigmatiza y persigue: otrora con golpes militares, luego con desestabilizaciones económicas, golpes blandos y lawfare. Hoy, lo sorprendente es que el entramado del poder real compuesto por un sector del poder judicial, los medios de comunicación concentrados y la oposición política antidemocrática, dan un paso más y conforman tanto una verdadera mafia como un Estado paralelo en nuestro país.
El hostigamiento, la demonización, la actual condena judicial, y como punto máximo, el financiamiento a grupos marginales para el intento de magnicidio de la Vicepresidenta, no intentan sólo eliminar a Cristina de la escena política sino a todo lo que ella representa. Un proyecto político que luego de 12 años sostuvo el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica, la participación más alta de los trabajadores en el PBI junto a los gobiernos de Perón, la recuperación de YPF, Aerolíneas Argentinas y el sistema previsional de jubilaciones y pensiones, la implementación de la AUH y AUE, el PROGRESAR, PROCREAR y Conectar
Igualdad.
También, sancionó el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y promovió la Memoria, Verdad y Justicia condenando a los represores y victimarios de la última dictadura cívico-militar. Es por ello que quieren condenarla, es por ello que quieren proscribirla.
Pero este nuevo y atroz avance de esta MAFIA no sólo atenta contra un sector político sino contra toda la democracia construida en base a tanto dolor, esfuerzo y sacrificio del pueblo argentino. Democracia en la que participa, supuestamente, el arco político en su conjunto. Es por ello que nos sorprende que otros espacios políticos de nuestra Provincia no sólo no se pronuncien en repudio, sino que avalen y actúen obsecuentemente como las “mascotas» de la mafia mencionada anteriormente. Esta injusta, falaz y pueril condena sin absolutamente ninguna carga probatoria que la respalde en el expediente judicial, tendría que ser condenada por
todos/as aquellos/as que se llenan la boca hablando de las instituciones y el republicanismo.
Empero el pueblo no se rinde, la mafia ya tendría que haber aprendido. Los ejemplos sobran tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Matando al perro no se acaba la rabia, si es que la rabia significa, que los/as ciudadanos/as puedan tener garantizadas las cuatro comidas, mandar a sus hijos/as a la escuela, irse de vacaciones y tener aspiraciones de movilidad social ascendente. El país para pocos ya se intentó, pero el pueblo siempre vuelve, porque quiere seguir conquistando derechos y merece vivir con dignidad.
Por todo lo mencionado nos encontramos en estado de alerta y definiremos las acciones a seguir, tal como hicimos siempre.
Las primeras firmas que acompañan el comunicado son las de los Diputados Nacionales Gabriela Estevez, Pablo Carro, Eduardo Fernández; el Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Caserio; el Intendente de Villa María Martín Gill; los Legisladores provniciales Mariana Caserio y Miguel Maldonado, la Directora del PAMI Córdoba, Olga Riutort y luego le siguen decenas de firmas de Intendentes y Presidentes Comunales de la provincia de Córdoba así como organizaciones de todos los ámbitos.
