Finalmente el Concejo Deliberante de la ciudad e Córdoba aprobó la ordenanza que estable que todo candidato electo y funcionarios nombrados por decreto deban presentar de manera obligatoria, un certificado negativo de presencia de drogas ilegales para el ejercicio de la función pública.
El proyecto, de autoría del concejal Diego Casado, contó el un amplio apoyo y establece estos parámetros para los políticos. «El narcotráfico es enemigo de la buena vida, es cómplice de las peores prácticas, es inseguridad e intranquilidad. El narco es temor para las familias y una perversa falsa tentación para quienes dudan y caen en las trampas de las mafias», manifestó el edil.
Para el concejal Casado no es «admisible» ni resiste ninguna discusión que quien tiene responsabilidades estatales, tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. ¿Cómo podría un político enfrentar al narcotráfico en caso de ser consumidor de estas sustancias? Reflexionó Casado.
Al tiempo que agrego: «pondría en riesgo un montón de cosas, ni hablar de la connivencia entre el funcionario y el narco. La honestidad del funcionario público debe ser integral. Es momento de empezar por nosotros sin hipocresía, con seriedad y coraje».
